En un análisis previo sobre motocicletas eléctricas advertimos que la tecnología avanzaba más rápido que la ley. Hoy, lo que parecía la solución definitiva al colapso del transporte dominicano se enfrenta a un crecimiento descontrolado que ha obligado a las autoridades a imponer mano dura en este 2026.
La promesa eléctrica y la realidad dominicana
La adopción masiva de scooters en sectores como Piantini, la Ciudad Universitaria y la Zona Colonial ha seguido un patrón histórico en el país: expansión sin control seguida de una fiscalización reactiva. Sin carriles protegidos, el usuario invade la acera o se arriesga en la calzada frente al tráfico pesado.
El fin del «vacío legal»: Lo que dicta la ley en 2026
Es un error técnico hablar de vacío normativo. Desde febrero de 2026, el INTRANT aplica reglas estrictas bajo la Ley 63-17. La ambigüedad ha terminado para quienes transitan en dispositivos de movilidad personal:
- Prohibición en aceras: Circular por zona peatonal conlleva multas de 1 a 3 salarios mínimos.
- Límite de velocidad: El tope máximo para estos dispositivos es de 20 km/h.
- Equipamiento obligatorio: El uso de casco es un requisito fiscalizado rigurosamente por la DIGESETT.
Menores de edad: La irresponsabilidad compartida
El punto más crítico es el uso de scooters por menores sin supervisión. Ver niños compartiendo vía con autobuses en Santo Domingo no es un avance tecnológico, es un fallo social. La falta de formación vial convierte estos dispositivos en herramientas de alto riesgo.
Conclusión: Orden o caos
La micromovilidad requiere infraestructura y educación. Seguir operando bajo el ensayo y error solo garantiza más tragedias viales y el rechazo social a una tecnología que debería ser nuestra aliada en la reducción de emisiones.
Lectura obligatoria para entender el contexto:
Soy Ciclista Urbano 
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